La mano dura

Vertebral

México, 1 de Septiembre de 1968. “Hemos sido tolerantes, hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite… (aplausos) y no podemos ya, permitir que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo”. Retumba el eco de la voz grave del presidente Gustavo Díaz Ordaz en el recinto legislativo, donde el congreso en pleno, avala con su aplauso el llamado de atención a los “rijosos”. Lo que fuera una dura amonestación pronunciada ante la tribuna mayor de la República, se convertiría en una temible sentencia ejecutada un mes después de la declaración presidencial. En un país envuelto por la crisis económica, desapariciones, ejecuciones y el ejercicio de un poder que ha rebasado toda idea previa de la corrupción, aquella peligrosa frase que sentenciaba el horror de un crimen no esclarecido lo suficiente hasta el momento, cobra fuerza nuevamente. El gris parafraseo de aquel: “hemos sido tolerantes, hasta excesos criticados”, solo ha servido hoy para exhibir la poca talla moral de los gobernantes mexicanos, alentados desde “arriba”, por una institución presidencial autoritaria y vil hasta el silencio. Más allá de la oscura frase citada cual conjuro por los políticos promotores del neoporfirismo, esa misma clase política en contubernio con la oligarquía, integrantes ambos de una despiadada nomenklatura que no cede, aplica la máxima de: “a garrote vil” a la manera Diazordacista, el conjuro por tanto; no podría estar más vigente.

Dicha vigencia es más que ostensible, ante la solicitud de aplicación de mano dura que han hecho los integrantes de la Concanaco Servytur y Coparmex, amén de otras agrupaciones empresariales que so pretexto del quebrantamiento del estado derecho en Oaxaca y otras entidades de la República Mexicana, amagaron recientemente al gobierno federal con desacatar el pago de impuestos, promover paros en sus empresas y otras medidas, “si no se pone fin a las manifestaciones y bloqueos del CNTE”. Dichas medidas anunciadas por la cúpula empresarial de nuestro país, estarían además acompañadas por una demanda de amparo por los actos y omisiones de los gobiernos federal, estatales y municipales ante las acciones violentas de la Coordinadora que lucha contra la Reforma Educativa, “ante la evidente falta de capacidad del Estado mexicano para restablecer el orden”, e incluso, una denuncia penal contra el propio CNTE por daños y perjuicios ocasionados por la disidencia. Algunos otros puntos exigidos por los empresarios al Gobierno Federal, son: el cese de toda acción violenta por parte de CNTE, la no devolución de cuentas ni bienes embargados a la Coordinadora Nacional, además del establecimiento (urgente) de una mesa de diálogo con la presencia de los partidos políticos, para definir acciones contra los bloqueos y los daños sufridos. La lista de solicitudes cuenta con la venia de Enrique Solana, presidente de la Concanaco, así como Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, y sus demandas en palabras de ellos mismos, han sido presentadas ya ante el Poder Judicial, y turnadas al Juzgado Decimoprimero en Materia Administrativa. De Hoyos Walther, por su parte, ha declarado: “no buscamos represión de los movimientos sociales, cuando éstos son legítimos y respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo de todos”.

La grave crisis social que México padece (como todos lo saben aún fuera de nuestro territorio) se debe primordialmente a las prácticas de corrupción de los gobiernos, independientemente de su filiación partidaria y no a los integrantes de la disidencia, situación que los empresarios obviaron tomar en cuenta al realizar la solicitud. Aunado a lo anterior y por si no bastara, a ello se suma la aprobación de leyes contrarias al interés nacional, al margen de todo dialogo, lo que ha venido a desatar la furia de grupos sociales, encono que comparten prácticamente todos los sectores con excepción de los empresarios; como ya se vio. “No buscamos represión de los movimientos sociales, cuando éstos son legítimos y respetuosos del contexto social”, dicen los empresarios y la pregunta obligada sería: ¿Cómo miden los propios empresarios la legitimidad y el respeto de los movimientos sociales? ¿Cómo se puede ser respetuoso del contexto social, ante un gobierno irrespetuoso de las garantías individuales, que no responde siquiera al llamado internacional? Si no buscan la represión los empresarios integrantes de las cámaras y agrupaciones que supuestamente reivindican su posición, ¿Qué buscan entonces, al exigir al ejecutivo que ponga fin inmediatamente a toda acción del CNTE? No queda clara la postura o mejor dicho, queda exhibida la impostura de una clase empresarial interesada mucho más en generar dividendos, que la búsqueda de soluciones a un conflicto cuya raíz es la desigualdad y no la ruptura del orden por el orden mismo; como ellos nos quieren hacer suponer.

“Reprobamos que se negocie la ley, y se utilice como moneda de cambio, México no puede seguir siendo rehén de grupos que anteponen sus intereses personales y facciosos, sobre el interés común nacional”, agregaron los representantes empresariales en su rueda de prensa, en una declaración recalcitrante no solo por la moralina evidente, sino demás por la manera en que dichas cámaras empresariales, no conformes con aportar su opinión sesgada, se autonombran portavoces del interés de todos los mexicanos, al hablar de “un interés común nacional”, y la siguiente pregunta sería: ¿Cuál es el interés común del que hablan? En el país del bajo crecimiento económico, las enormes deudas con el rezago, la pobreza, castigado día con día por el abuso de la clase gobernante, esa con la que precisamente los empresarios de la Coparmex y Concanaco, comparten el pan, la sal, y ahora los micrófonos también. El único interés tanto para los empresarios como para todos los grupos tendría que ser el equilibrio, la búsqueda de una democracia incluyente y el fin de todos los privilegios, cosa que nuevamente los empresarios camarales, omitieron mencionar en su pliego petitorio.

Más allá de lo antes expuesto, en sus solicitudes los empresarios le faltan al respeto a la ya de por sí disminuida institución presidencial, ¿no dijeron reprobar que se negocie la ley?, y ¿no son ellos quienes precisamente buscan que se negocie la ley al amagar al gobierno con dejar sus declaraciones hacendarias en cero? Sucede lo mismo con la amenaza de llevar a cabo paros en sus empresas es decir; la solicitud de los empresarios en un clima de polarización resulta además de inadmisible, una grave afrenta a la inteligencia, ¿buscan enfrentar bloqueos con más bloqueos? ¿Supuestos desacatos con mayores desacatos? Buscar que se les haga descuentos a sus impuestos so pretexto de las mermas por culpa de los bloqueos del CNTE, me parece la defensa más canalla y baja, de una clase empresarial que busca colgarse del conflicto que vive nuestro país, para beneficiarse una vez más. Es decir, el interés común nacional para los empresarios de la Coparmex y Concanaco, es no acumular pérdidas cuando en el contexto nacional e internacional es el llamado al diálogo, y el cese inmediato de las prácticas de corrupción, persecución y violencia de un gobierno que agrede a los ciudadanos, ¿Dónde radica pues, el interés faccioso de los disidentes magisteriales?

Parece que los empresarios camarales, perdida su mirada en las interminables corridas financieras y estadísticas de sus empresas, han olvidado estudiar la propia realidad de su país. Tan solo en el 2014, el Semáforo Económico aportaba cifras en relación a la baja competitividad de nuestro país, cayendo del lugar 32 al 41 en un grupo de 60 países evaluados en el índice, pasando la inversión del 20% al 19%, el nivel más bajo en los últimos doce años en ese momento, y con una caída ostensible en las exportaciones. En cuanto a la desaparición de personas, según la base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas. Entre 2013 y 2014, desaparecieron 13 personas al día, superando en ese momento las cifras de desapariciones del sexenio encabezado por Felipe Calderón en ese rubro. La crisis, se ha venido agudizando por las graves violaciones a los derechos humanos y la justicia, acrecentados por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, penosa situación que coloco a nuestra nación, en el escenario internacional. Con al menos 16 alcalde ejecutados, el gobierno de EPN le va rozando los pies al de Felipe Calderón Hinojosa, con la nada despreciable cifra de al menos 38 ediles caídos durante su sexenio. Todo lo anterior, sin menoscabo de la penetración del crimen organizado en todas las capas sociales, así como las cifras de muertes por enfrentamientos, torturas, y una justicia que camina lentamente, de la mano de la corrupción.

Ante toda esta realidad que ven todos, menos los empresarios camarales de México, es evidente que estos últimos deberían dirigir sus cañones hacia la clase política, y no al resto de los mexicanos. Es a esa misma clase política integrada por el titular del poder ejecutivo y secretarios de estado, magistrados y jueces, senadores y diputados, a la que la Coparmex y Concanaco, debieran exigir resultados, sin rasgarse las vestiduras con discursos moralistas, sin amagues ni violencia disfrazada de traje y corbata.

 


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